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SEC Speaks 2026: Los dirigentes de la SEC apuntan a una regulación menos estricta, pero ofrecen pocos detalles sobre su aplicación

Primer plano de un gráfico financiero digital que muestra velas japonesas, líneas de tendencia y puntos de datos que representan las fluctuaciones del mercado y la actividad bursátil, útil para el apoyo en litigios por parte de abogados de Chicago.

En la edición de este año del evento «Securities and Exchange Commission (SEC) Speaks», el presidente Paul Atkins y los comisionados Mark Uyeda y Hester Peirce transmitieron un mensaje globalmente coherente sobre la orientación de la Comisión: modernizar las normas obsoletas, reducir las cargas innecesarias de cumplimiento, aportar mayor claridad normativa y adoptar un enfoque más moderado respecto a las competencias de la agencia. A lo largo de sus intervenciones, los dirigentes de la SEC hicieron hincapié en una elaboración de normas más clara frente a la «regulación mediante la aplicación de la ley», un enfoque renovado sobre la importancia relativa en la divulgación de información y una postura más favorable hacia la formación de capital y la innovación. Al transmitir este mensaje coherente, los tres utilizaron un lenguaje colorido y descriptivo que enmarcaba su labor como una solución a los problemas causados por la Comisión anterior. 

El presidente Atkins fue el primero en intervenir, estructurando su discurso en torno al marco «A-C-T»: avanzar, aclarar y transformar. Abogó por actualizar las normas de la SEC para que reflejen mejor los mercados actuales, aclarar los límites normativos y reducir los requisitos de divulgación que ya no resultan de utilidad significativa para los inversores. Explicó además que décadas de elaboración de normas han creado un «laberinto de cumplimiento tan elaborado que sustenta a sectores enteros cuya única función es ayudar a las empresas cotizadas a navegar por el marco regulatorio de la SEC». En consecuencia, criticó lo que describió como un «mosaico caótico» de regulaciones superpuestas y pidió una «limpieza general» del régimen de divulgación —incluidos el ático, el sótano y el garaje— para volver a centrarse en la materialidad y en las «vigas portantes» fundamentales de la divulgación a los inversores. Atkins también reiteró sus críticas a la «regulación mediante la aplicación de la ley», especialmente en el ámbito de los activos digitales, y afirmó que la aplicación de la ley debería centrarse en conductas que causen un perjuicio real a los inversores, como el fraude, la manipulación y los abusos de confianza, en lugar de en infracciones técnicas.

El comisionado Uyeda se hizo eco de muchos de esos temas en sus declaraciones, señalando desde el principio que a la actual Comisión se le ha encomendado la tarea de «apagar» «tantos incendios» provocados por la Comisión anterior. Hizo hincapié en la libertad de elección de los inversores, la libertad empresarial y el papel de la SEC como regulador de la divulgación de información, en lugar de como guardián que decide qué riesgos se debe permitir que asuman los inversores. Uyeda señaló los esfuerzos por mejorar el acceso a los mercados públicos, revisar las cargas de divulgación que recaen sobre los emisores y ampliar la exposición de los inversores minoristas a los mercados privados. Al igual que el presidente Atkins, criticó la postura anterior de la SEC hacia las criptomonedas por estar excesivamente centrada en la aplicación de la ley y ofreció pocos detalles sobre la aplicación más allá de un amplio apoyo a la persecución del fraude y la manipulación.

Las declaraciones de la comisionada Peirce proporcionaron el marco jurídico más claro para este enfoque más amplio. Argumentó que la SEC debería ceñirse estrictamente a su autoridad legal y limitar la divulgación obligatoria a la información relevante para los inversores en su calidad de tales, es decir, a la información relacionada con la rentabilidad económica ajustada al riesgo. Citando el «cementerio de normas» que se ha ido «llenando rápidamente» a raíz de recientes resoluciones judiciales, la comisionada Peirce subrayó que la Comisión no debería utilizar las obligaciones de divulgación para perseguir objetivos sociales o políticos más amplios sin una autorización clara del Congreso. También hizo hincapié en los costes de la divulgación obligatoria, advirtiendo contra la elaboración de normas prescriptivas que difuminan los principios tradicionales de importancia relativa.

En conjunto, los discursos apuntan a que el equipo directivo de la SEC se ha alineado en torno a varias ideas fundamentales:

  • La divulgación debe basarse en la importancia relativa;
  • Las normas de la Comisión deben ajustarse estrictamente a la base jurídica clara;
  • La innovación debe abordarse mediante una normativa viable, en lugar de medidas coercitivas puntuales; y
  • Los recursos destinados a la aplicación de la ley deben centrarse en las conductas que causan un perjuicio real a los inversores.

Estos temas destacaron especialmente en lo relativo a la información que deben facilitar las empresas que cotizan en bolsa y a los activos digitales, ámbitos en los que los comisionados apuntaron a posibles cambios tanto en las prioridades normativas como en el tono regulador de la SEC.

Al mismo tiempo, las intervenciones ofrecieron pocos detalles sobre cómo se traducirá esta filosofía en la práctica de la División de Cumplimiento. Ninguno de los ponentes proporcionó una hoja de ruta concreta para las investigaciones y el establecimiento de prioridades. Tampoco hubo muchos indicios de si la SEC modificará sustancialmente su enfoque respecto a los casos de controles, los casos de divulgación basados en deficiencias técnicas o las iniciativas que abarcan todo el sector.

Para las empresas, los emisores y otros participantes en el mercado, las perspectivas son mixtas. Las declaraciones apuntan a una SEC potencialmente más favorable a las empresas, en particular para las sociedades cotizadas, las instituciones financieras, los promotores de fondos privados y las empresas de activos digitales. Con el tiempo, esto podría traducirse en una simplificación de las obligaciones de información, una reducción de la duplicación de esfuerzos y una mayor colaboración con la SEC en lo relativo a nuevos productos y estructuras. Por ahora, sin embargo, las empresas no deben considerar estos discursos como una base para relajar los controles o modificar su postura ante el riesgo de aplicación de la ley. El fraude, la manipulación del mercado y los abusos de confianza siguen siendo prioridades fundamentales, y los discursos no modifican las obligaciones legales existentes. Seguiremos vigilando si estos temas dan lugar a cambios concretos en la política y la aplicación de la ley por parte de la SEC.