La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 8 de abril un cambio significativo en la política energética de México al dar a conocer un proyecto para la explotación de gas natural mediante fracturación hidráulica (fracking) a partir del próximo año. Este giro en la política supone un alejamiento de la postura del Gobierno anterior, que rechazó este método por motivos medioambientales e incluso intentó prohibirlo constitucionalmente en 2024, sin éxito.
En la actualidad, México depende del gas natural importado de Estados Unidos. De los 259 000 millones de pies cúbicos de gas que el país consume a diario, el 75 % procede de Texas (80 %) y California (20 %). Para hacer frente a esta situación, el Gobierno Federal ha identificado la explotación del gas de esquisto como una solución. Según datos de Pemex, México cuenta con 141,5 billones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales que requieren fracturación hidráulica, además de unos 83 billones de pies cúbicos estimados en yacimientos convencionales.
Las tres zonas geográficas con mayor potencial identificado son: (i) la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, situada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; (ii) la cuenca de Burgos, en la misma región nororiental del país; y (iii) la cuenca de Tampico-Misantla, que abarca Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. La cuenca de Burgos comparte la misma formación geológica que el yacimiento «Eagle Ford Shale» de Texas, considerado uno de los más productivos del mundo, lo que sugiere un importante potencial de producción.
La estrategia del Gobierno prevé un aumento gradual de la producción de gas natural: de los 2.300 millones de pies cúbicos diarios actuales a 5.800 millones al final del mandato presidencial, hasta alcanzar los 8.310 millones de pies cúbicos diarios en 2035, lo que supondría un incremento del 261 %. Pemex será la entidad responsable del proyecto, aunque se reconoce que la empresa petrolera estatal no se ha dedicado anteriormente a este tipo de exploración.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy probable que se abra la participación del sector privado en la explotación de estos recursos, dado que dicha actividad requiere inversión. En este sentido, se prevé que será necesario establecer acuerdos de colaboración entre Pemex y empresas privadas, principalmente con empresas extractoras estadounidenses de reconocido prestigio en el sector, ubicadas en la zona de Texas que abarca la cuenca de Burgos, debido a su experiencia tecnológica en la realización de operaciones de fracturación hidráulica.
Aún no se ha definido el marco jurídico y contractual en el que se estructurarán estas asociaciones; sin embargo, es seguro que, si se permite la participación del sector privado, se restablecerán las políticas de intervención en la extracción de hidrocarburos que existían en México antes del anterior gobierno. La viabilidad de estos proyectos dependerá en gran medida de la voluntad política de eliminar las barreras legales que actualmente limitan la participación del sector privado en la extracción de hidrocarburos.
Foley está a su disposición para asesorarle sobre el análisis de estas oportunidades y sobre la elaboración de estrategias de inversión adaptadas a este nuevo contexto normativo.
