Propuesta de reforma de la Ley de Inversión Extranjera de México: evaluación de seguridad nacional para las inversiones en sectores sensibles

El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa para modificarla Leyde Inversión Extranjera (LIE) de México. Aunque el actual artículo 30 de la LIE autoriza a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a bloquear las adquisiciones por parte de inversores extranjeros por motivos de seguridad nacional, en la práctica esa facultad no se ha ejercido de forma habitual debido a la ausencia de parámetros y directrices específicos. La iniciativa propone derogar el artículo 30 y sustituirlo por un nuevo capítulo sobre Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras (Título Sexto Bis — «De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras»), que establecería un marco normativo detallado para la revisión de dichas operaciones.

En la práctica, el nuevo capítulo crearía un mecanismo de revisión caso por caso que exigiría la notificación al CNIE siempre que un inversor extranjero pretenda adquirir más del 49 % del capital social de una empresa mexicana que (i) supere un umbral de valor de activos (que deberá determinar el CNIE en un plazo de 180 días a partir de la publicación de la reforma) y (ii) opere en un sector considerado relevante para la seguridad nacional.

En los casos en que la inversión extranjera supere el 49 % del capital social, pero los activos de la empresa mexicana objetivo se sitúen por debajo del umbral aplicable, la iniciativa prevé la posibilidad de que las partes presenten una notificación voluntaria ante el CNIE.

Los sectores sujetos a revisión por motivos de seguridad nacional incluyen:

1. Infraestructuras estratégicas: energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial y de defensa, instalaciones sensibles, así como terrenos y edificios esenciales para el funcionamiento de dichas infraestructuras.
2. Tecnologías críticas y productos de doble uso: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnologías y biotecnologías.
3. Factores esenciales: suministro energético, materias primas y seguridad alimentaria.
4. Información confidencial: acceso a los datos personales y la posibilidad de controlar dicha información.

Se prevé que el CNIE pueda ampliar esta lista mediante resolución general, sin necesidad de modificar la legislación.

Cambios clave en la composición del CNIE

La iniciativa también esboza cambios significativos en la composición del CNIE. Se añadirían los siguientes miembros nuevos para asuntos de seguridad nacional:

1. Miembros con derecho a voto: el Ministerio de Defensa (Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA), el Ministerio de Marina (Secretaría de Marina, SEMAR) y el Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC).
2. Miembros sin derecho a voto: laFiscalía General de la República (FGR), el CentroNacional de Inteligencia (CNI), elServicio de Administración Tributaria (SAT) y laUnidad de Inteligencia Financiera(UIF).

Procedimiento y sanciones en materia de seguridad nacional

El proceso de revisión prevé un plazo inicial de 60 días hábiles, prorrogable por 30 días hábiles adicionales en casos complejos. Durante los primeros 20 días hábiles, el CNIE podrá solicitar información complementaria, suspendiéndose el plazo de revisión hasta que las partes hayan respondido íntegramente.

La notificación debe ser presentada conjuntamente por la empresa mexicana afectada y el inversor extranjero ante la Secretaría Técnica del CNIE.

La iniciativa prevé tres posibles resultados:

1. Autorización: no se han identificado riesgos ni amenazas para la seguridad nacional, y la adquisición se considera viable;
2. Medida correctiva: la operación se aprueba con la condición de que se modifique el proyecto para hacer frente al riesgo identificado; o
3. Prohibición: la adquisición queda bloqueada por motivos de seguridad nacional.

Uno de los cambios más significativos de la iniciativa es la eliminación de la regla de la «afirmativa ficta» en materia de seguridad nacional, según la cual una notificación se considera aprobada si la autoridad no emite una resolución dentro del plazo aplicable. Según la iniciativa, si el CNIE no emite una resolución dentro de los plazos aplicables, la notificación se consideraría denegada.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa actualizaría el artículo 38 de la LIE, sustituyendo las referencias alos salarios mínimos porlas Unidades deMedida y Actualización (UMA).

Las nuevas sanciones específicas del régimen de seguridad nacional contemplan multas que oscilan entre 5.000 y 200.000 veces el valor diario de la UMA (aproximadamente de 586.550 a 23,46 millones de pesos mexicanos, es decir, entre 34.400 y 1,38 millones de dólares estadounidenses) por las siguientes infracciones: (i) la transferencia de participaciones en el capital social a un inversor extranjero tras la denegación de la autorización o sin haber obtenido previamente una resolución favorable; y (ii) el incumplimiento de las medidas de mitigación de riesgos impuestas por el CNIE.

La iniciativa aún no ha sido aprobada, y su evolución dependerá del proceso legislativo en México. No obstante, dado el alcance de los cambios propuestos, los inversores extranjeros y las empresas con operaciones en sectores sensibles en México deberían empezar a considerar las implicaciones de este nuevo marco regulatorio para sus transacciones y estructuras societarias.

Foley cuenta con el equipo y la capacidad para ayudar a nuestros clientes a evaluar y planificar los efectos de esta propuesta legislativa, así como para asistirles en el proceso de obtención de este tipo de autorización ante el CNIE, cuando sea aplicable y necesario en caso de que se apruebe y entre en vigor.

El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera («LIE»).Si bien el artículo 30 vigente de la LIE faculta a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras («CNIE») a impedir las adquisiciones por parte de inversores extranjeros por razones de seguridad nacional, dicha facultad no se ha ejercido de forma habitual en la práctica debido a la ausencia de parámetros y directrices específicos. La iniciativa propone derogar dicho artículo y sustituirlo por un nuevo Título Sexto Bis «De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras», que establecería un marco regulatorio detallado para la revisión de estas operaciones.

En la práctica, este nuevo capítulo crearía un mecanismo de revisión caso por caso que establecería la obligación de notificar a la CNIE cuando un inversor extranjero pretenda adquirir más del 49 % del capital social de una empresa mexicana que (i) supere un umbral de activos (aún por definir por la CNIE en los 180 días posteriores a la publicación de la reforma) y (ii) opere en un sector considerado relevante para la seguridad nacional.

En los casos en que la inversión extranjera supere el 49 % del capital social, pero el valor de los activos de la sociedad mexicana no rebase el umbral aplicable, la iniciativa prevé la posibilidad de que las partes presenten una notificación voluntaria ante la CNIE.

Los sectores sujetos a revisión de seguridad nacional incluyen:

1. Infraestructura estratégica: energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa, instalaciones sensibles, terrenos e inmuebles indispensables para el uso de la infraestructura.
2. Tecnologías críticas y de doble uso: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas, nucleares, nanotecnologías y biotecnologías.
3. Insumos fundamentales: suministro energético, materias primas y seguridad alimentaria.
4. Información sensible: acceso a datos personales y capacidad para controlar dicha información.

Se prevé que la CNIE pueda ampliar esta lista mediante una resolución general, sin necesidad de una reforma legislativa.

Cambios clave en la composición de la CNIE

La iniciativa también establece cambios significativos en la composición de la CNIE. Se incorporarían como nuevos miembros en materia de seguridad nacional:

1. Con derecho a voto: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).  
2. Con voz, pero sin voto: la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Procedimiento y sanciones en materia de seguridad nacional

El procedimiento de revisión de la notificación prevé un plazo inicial de 60 días hábiles, prorrogable por 30 días adicionales en casos de complejidad. En los primeros 20 días hábiles, la CNIE podrá solicitar información adicional, suspendiendo el plazo mientras los solicitantes respondan a la solicitud de información.

La notificación deberá presentarse conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversor extranjero ante la Secretaría Técnica de la CNIE.

La iniciativa prevé tres posibles resultados para la resolución de la CNIE:

1. Autorización: se determina que no existen riesgos ni amenazas para la seguridad nacional y se declara viable la adquisición;
2. Mitigación: se autoriza la operación con la condición de que se modifique el proyecto para hacer frente al riesgo identificado; o
3. Prohibición: se impide la adquisición por motivos de seguridad nacional.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la eliminación de la «afirmativa ficta» en materia de seguridad nacional. Es decir, si la CNIE no resuelve dentro de los plazos aplicables, la solicitud se considerará denegada.

En materia de sanciones, la iniciativa actualiza el artículo 38 de la LIE, sustituyendo las referencias a los salarios mínimos por Unidades de Medida y Actualización («UMA»).

Las nuevas sanciones específicas del régimen de seguridad nacional contemplan multas de entre 5.000 y 200.000 veces el valor diario de la UMA (aproximadamente entre 586.550 y 23,46 millones de pesos mexicanos, es decir, entre 34.400 y 1,38 millones de dólares estadounidenses) para los siguientes supuestos: (i) transferir una participación accionarial a un inversor extranjero tras haber recibido una denegación de autorización o sin contar con una resolución favorable previa; y (ii) incumplir las medidas de mitigación de riesgos impuestas por la CNIE.

La iniciativa aún no ha sido aprobada y su avance dependerá del proceso legislativo en México. No obstante, dado el alcance de los cambios propuestos, los inversores extranjeros y las empresas con operaciones en sectores sensibles en México deberían considerar desde ahora las implicaciones de este nuevo marco regulatorio en sus transacciones y estructuras corporativas. Foley cuenta con el equipo y la capacidad para ayudar a nuestros clientes en la evaluación y planificación que les permitan anticipar los efectos de esta propuesta legislativa, así como, en caso de que se apruebe y entre en vigor, asistir a nuestros clientes en los procesos de obtención de este tipo de autorización ante la CNIE, si procede y es necesario.