Kyle Faget y Aaron Maguregui analizan el conflicto entre las leyes federales y estatales sobre la privacidad en la atención médica.
Los socios de Foley & Lardner LLP, Kyle Faget y Aaron Maguregui, ofrecieron su perspectiva sobre un conflicto inminente entre las leyes estatales y federales de privacidad en materia de salud en el artículo de Inside Health Policy titulado«La citación del Departamento de Justicia sobre la atención sanitaria afirmativa del género al Children's Hospital desencadena una batalla por la privacidad».
«Es probable que la administración Trump esté utilizando una mezcla de excepciones a la aplicación de la ley dentro de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico para solicitar información sobre la atención sanitaria relacionada con la reafirmación de género, incluso con fines de prevención o control de enfermedades, lesiones o discapacidades, lo cual es bastante amplio», dijo Maguregui sobre la citación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP). Señaló que una solicitud similar emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid probablemente se clasificó como una actividad de supervisión sanitaria, lo que permite a una agencia sanitaria supervisar determinadas actividades autorizadas por la ley.
Maguregui añadió que, aunque la HIPAA establece un mínimo nacional para la protección de los datos sanitarios personales, se han implementado leyes de privacidad más estrictas a nivel estatal. Si un estado cuenta con protecciones específicas para determinados tipos de información sanitaria, los proveedores y los hospitales no pueden entregar esos datos, ni siquiera si se emite una citación judicial, continuó.
«CHOP está tratando de argumentar que la decisión Westinghouse de 1980 del Tercer Circuito, que abordaba un tipo diferente de citación administrativa, debería aplicarse a la revisión de las citaciones HIPAA con el fin de garantizar que «los intereses de privacidad de los pacientes cuyos registros están sujetos a una citación administrativa se consideren adecuadamente y se sopesen con la necesidad de información de la agencia solicitante», observó Faget, señalando que el hospital sostiene que los intereses de privacidad de los pacientes prevalecen sobre la necesidad de la agencia de obtener información médica personal, ya que el gobierno no ha presentado pruebas que sugieran violaciones de la protección del consumidor u otras conductas indebidas en el hospital.
Al evaluar la respuesta del Departamento de Justicia de que Westinghouse probablemente no se aplique en este caso porque la HIPAA se promulgó años más tarde y autoriza expresamente a la agencia a solicitar información médica personal, Faget dijo: «Existen algunos límites a la autoridad del Departamento de Justicia para emitir citaciones en virtud de la HIPAA, pero esos límites probablemente sean más amplios que lo que CHOP solicita en este caso».
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